Protección Social en Emergencias: reforzando el marco normativo para la entrega de transferencias monetarias
Guatemala enfrenta un contexto de crisis recurrentes generadas por desastres naturales y condiciones estructurales que generan inequidad, el cual se ve agravado por la emergencia climática. Para ello, la protección social adaptativa es crucial para fomentar la resiliencia y proteger adecuadamente a las personas. Sin embargo, la población guatemalteca enfrenta dificultades para acceder de forma efectiva a la protección social, situación que se recrudece en emergencias. Estas barreras se exacerban particularmente para grupos específicos, como las personas damnificadas por desastres de desarrollo lento, y las poblaciones extranjeras en situación de vulnerabilidad. Ante la ocurrencia de emergencias y desastres, la falta de recursos y de un marco normativo sólido, restringen el acceso a los derechos fundamentales de la población damnificada y dificultan la aplicación efectiva de los principios humanitarios.
Este informe identifica diversas causas que contribuyen a que en Guatemala exista un marco normativo insuficiente, afectando la movilización efectiva de recursos y la capacidad para atender a la población damnificada por diversas crisis. Asimismo, se argumenta por qué es clave anticiparse y responder a las crisis futuras, a través de
los sistemas de protección social comprendidos como elementos fundamentales para la gestión del riesgo de desastres, y con las transferencias monetarias como herramienta clave.
Los hallazgos y recomendaciones presentados en este informe proceden de un ejercicio colaborativo entre actores humanitarios y gubernamentales en Guatemala, centrado en fortalecer el marco normativo para el uso de las transferencias monetarias como respuesta a emergencias y desastres. El proceso fue promovido por el Grupo Multisectorial de Transferencias Monetarias de Guatemala, diseñado y facilitado por CashCap-NORCAP, y contó con la activa participación de UNICEF, así como la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Ejecutiva de la CONRED.